El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales en España. No fueron unas elecciones más en la historia de la democracia. Por primera vez presentaban sus candidaturas numerosos partidos políticos de nueva creación surgidos de plataformas ciudadanas y de confluencias de partidos de izquierdas. Dichos partidos beben del 15M (Martí-Costa y Tomàs, 2016, p. 192; Parra, Báez, y Martínez, 2017) y se oponen frontalmente a las políticas neoliberales, a la vez que reclaman una mayor justicia social para conseguir paliar las crecientes desigualdades sociales vividas en el país1. Fruto de esta nueva forma de entender y ejercer la política, en la que la participación ciudadana, la defensa de lo público (e incluso lo común) y las luchas de emancipación2 juegan un papel clave, y de su capacidad de generar ilusión entre buena parte del electorado consiguieron suplir su falta de experiencia y llegar a la alcaldía en 4 de las 10 principales capitales, desbancando a partidos políticos con larga tradición en el cargo en muchos casos. Uno de esos llamados «Ayuntamientos del cambio» es el de Barcelona3, una ciudad que se había caracterizado en sus últimos años de democracia por unas políticas cada vez más neoliberales orientadas a posicionar la ciudad en la esfera global, incluso aunque eso supusiera, en no pocas ocasiones, dejar de lado las necesidades de buena parte de sus habitantes4.
Si bien es pronto para evaluar la gestión del consistorio y no forma parte de nuestros objetivos hacerlo, durante los dos primeros años de mandato, el gobierno de Barcelona en Comú ha empezado a impulsar lo que calificó como «plan de choque» orientado a conseguir una mayor justicia social y a frenar el empresarialismo de la ciudad5 y lo que consideran una privatización de aspectos fundamentales para la reproducción social (como la sanidad, la educación, la privacidad o la libertad de expresión) que se traducen en el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría6. Entre las medidas desarrolladas están la remunicipalización del servicio de agua (Altimira, 2015; El Periódico, 2017c), la creación de una compañía eléctrica municipal (Europa Press, 2017; Iborra, 2017), la cesión de 200 viviendas vacías por parte de la SAREB para dedicarlas a vivienda social (Corominas, Moreno, Riera, y Romero, 2016), la creación de la primera de las supermanzanas en las que prima el peatón frente al tráfico rodado, así como el favorecimiento de la economía colaborativa7 y un paulatino cambio de política en cuanto a vivienda social8, primando el alquiler y promoviendo el modelo de cesión de uso frente a la opción hasta ahora predominante en buena parte del Estado y, por otra parte la menos «social» de todas: la compra9.
Este auge de los Ayuntamientos del cambio coincide también con el auge, a nivel mundial, de lo que se empieza a conocer como «comunes urbanos», con los cuales comparten buena parte de reivindicaciones y un discurso que aboga por un cambio de modelo político y económico que no caiga en los problemas derivados de un sistema basado exclusivamente en lo económico que ha empezado a mostrar síntomas de caducidad. Esta investigación trata, precisamente, de los comunes urbanos como mecanismos con potencial para favorecer la construcción de alternativas que se traduzcan en ciudades con mayor justicia social.
Según el INE, el riesgo de pobreza y exclusión social ha ido aumentando continuamente desde el inicio de la crisis (salvo en el año 2011, que cayó ligeramente para volver a repuntar al año siguiente por encima del valor de 2010), hasta el punto de que en 2017 hay más desigualdad que entonces: (Instituto Nacional de Estadística de España, 2017b, 2017a).
[return]Tal y como señalan Martí-Costa y Subirats (2016) en la composición de dichos partidos de nueva creación hay que añadir personas provenientes de nuevos movimientos sociales como el feminismo, el altermundismo o la antiglobalización.
[return]Además de Barcelona, gobernada por Barcelona en Comú con el apoyo de PSC, el resto de capitales fueron Madrid (Ahora Madrid), Valencia (Compromís) y Zaragoza (Zaragoza en Común), a las que se sumaron otras ciudades como Cádiz (Cádiz sí se puede), A Coruña (Marea atlántica) y Badalona (Guanyem Badalona), entre otras.
[return]Para una justificación detallada de las consecuencias negativas de las políticas neoliberales en España, remitimos a la lectura de la primera parte de la sección 6.1 dedicada al 15M en Barcelona, donde comparamos cambios en la legislación con datos de fuentes como el INE.
[return]En su libro From Managerialism to Entrepreneurialism, David Harvey (1989) destaca tres aspectos fundamentales del empresarialismo urbano que en la década de los 1970 comenzaba a emerger en el mundo anglosajón y que se ha extendido a un gran número de ciudades actualmente: 1) creación de partenariados público-privados para atraer inversiones; 2) absorción de las pérdidas económicas de determinadas actividades económicas privadas por parte de las instituciones públicas; y 3) impulsión de proyectos urbanos en detrimento de la ejecución de políticas sociales redistributivas.
[return]Dicho plan propone abordarlo a través de las siguientes cuatro líneas de actuación: 1) crear ocupación digna diversificando el modelo productivo; 2) garantizar derechos sociales básicos; 3) revisar privatizaciones y proyectos contrarios al bien común; 4) auditar la institución y terminar con los privilegios (Barcelona en Comú, 2015).
[return]En 2016, la agencia municipal Barcelona Activa impulsó junto a la fundación Free Knowledge Institute el programa el programa «La Comunificadora», orientada a impulsar cooperativas de la economía social y solidaria (López, 2016b).
[return]El Ayuntamiento ha manifestado que no va a desarrollar más vivienda de protección oficial de compra, tal y como era habitual hasta el momento, ya que considera que la protección se pierde tras la primera compra. En su lugar proponen un modelo de cesión de uso muy similar al desarrollado por La Borda (López, 2016a).
[return]Con esta afirmación queremos poner en evidencia la problemática de las viviendas de protección oficial de compra, y es que solo se pueden acoger a ellas un único propietario. Además del hecho de que únicamente son viviendas sociales una vez en su vida, se puede dar el caso de que se conviertan en bienes de consumo y especulación, ya que transcurridos varios años desde la compra, pasan al mercado inmobiliario libre, pudiendo ser vendidas al precio que desee el propietario. Desarrollamos este aspecto en la sección 6.3 dedicado a la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda.
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